8 veces NO. Millonarios recursos del Estado para no resolver nada

Para empezar con el análisis debemos tomar en cuenta que todas las preguntas NO implican un cambio profundo que ayuden a solucionar la grave crisis política y de institucionalidad interna que vive el país, la mayoría de los problemas de las y los ecuatorianos atraviesa por la incapacidad de ejecutar políticas públicas que es de exclusiva responsabilidad del gobierno central y no requiere consultas a la ciudadanía.

Respecto al tema de las preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?

—– NO —–

Dejar que la Fiscalía, “autónomamente” nombre, evalúe, y administre la carrera de sus funcionarios es grave, ya que abre la puerta para que se cree un organismo persecutorio con amplias facultades legales del cual solo la o el Fiscal General de turno tendría el control, actualmente la Fiscal 10/20 (Diana Salazar) responde al Gobierno de Guillermo Lasso, y aún así se le quiere dar más poder.

2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?

—– NO —–

La NO extradición de ecuatorianos es un asunto de soberanía nacional establecido en el Art. 79 de la Carta Magna; al contrario, al permitirse este mecanismo de extradición, se le estaría dando un mensaje al mundo entero, en el sentido de que la República del Ecuador no tendría las condiciones políticas para garantizar un buen sistema de justicia y carcelario, hecho por el cual literalmente se estaría cediendo su justicia y seguridad a quienes puedan tutelarla de mejor forma; no podemos olvidar además que en los EEUU hay ecuatorianos injustamente detenidos, como el caso emblemático de Nelson Serrano, quien va a ser ejecutado sin mayores elementos que demuestren su culpabilidad.  Al menos, se debería abrir este espacio de la extradición con firmas de convenios bilaterales, es decir, con países que permitan también la extradición de ciudadanos extranjeros al Ecuador, hecho que los norteamericanos no firmarían en lo absoluto.  Además de que solo se debería permitir extradición en casos en que se comprometa la seguridad de aquellos países que la soliciten; lo cual es un asunto muy subjetivo.

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500 000 habitantes que residan en el exterior?

—– NO —–

La reducción del número de asambleístas así planteado sería una farsa; ya que reducen el requisito de uno por cada 200.000 habitantes por uno por cada 250.000 habitantes, lo cual no resulta ser gran disminución, esto sucede debido al aumento de población que se verá reflejado en el último censo que se está llevando a cabo.  Adicionalmente, provincias como las de la Amazonía se quedarían con una mínima representación.

4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?

—– NO —–

Actualmente la Constitución de la República en su Art. 109 ya prevé la exigencia del 1.5% de respaldo ciudadano en relación al registro electoral para poder inscribir a un partido o movimiento político, lo único nuevo que contempla esta pregunta es la auditoría periódica por parte del Consejo Nacional Electoral, hecho que bien se puede llevar a cabo mediante una reforma legal; adicionalmente, las decisiones de desaparecer a un Partido o Movimiento político pasan por acuerdos extra judiciales en el marco de la justicia electoral, ya que al momento existen varias organizaciones políticas que se mantienen vigentes pese a ya no cumplir con las cuotas de votación popular y representantes electos. Adicionalmente, la proliferación de nuevas organizaciones políticas se debe a la falta de eficiencia del organismo rector de la función electoral, el cual permite la duplicidad y falsificación de firmas, lo cual no se resuelve con una consulta a la ciudadanía.

5. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

—– NO —–

La intención de incorporar al subsistema de protección hídrico al sistema de áreas protegidas es loable; empero, la Constitución en su Art. 405 no restringe esta posibilidad porque su descripción de áreas protegidas es amplia; razón por la cual, esta inquietud bien puede ser incorpora en una Ley Reformatoria o nueva Ley de Recursos Hídricos y no requeriría una consulta a la ciudadanía.  

6. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

—– NO —–

Igualmente, esta pregunta que es loable tranquilamente se puede introducir, ni siquiera vía reforma legal, sino mediante un simple Decreto Ejecutivo al que conminamos a que lo haga el Presidente de la República de manera inmediata; al parecer, la intención del gobierno es seducir, por decirlo de alguna forma, al voto de las y los jóvenes y de algunas organizaciones sociales que están vinculados a temas de reformas ambientales para propiciar un respaldo generalizado a su propuesta de consulta popular, cuyas verdaderas intenciones se presentan en las dos últimas preguntas, que se detallan a continuación:

7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?

—– NO —–

Dejar que sea la Asamblea, tan venida a menos, la que designe a las autoridades de las entidades de control, no representa una solución a la crisis institucional que actualmente vive el país; el objetivo de alcanzar un mayor marco de transparencia en la designación de estas autoridades pasa porque se creen instrumentos normativos de mayor control y veeduría ciudadana que nada tienen que ver con una consulta popular.  Actualmente, el abuso del sistema judicial utilizado como instrumento político ha ocasionado que se paralicen los procesos de designación de las autoridades ejecutivas de la Contraloría General del Estado, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo; es allí donde se debe poner la atención, es decir, en propiciar una reforma legal que imite las actuaciones arbitrarias e injerencistas del sistema judicial en otras funciones del Estado, de las cuales no tiene ninguna competencia.  

8. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?

—– NO —–

Al igual que la pregunta anterior, estas son las únicas que en realidad le interesan a Guillermo Lasso en su pretensión de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; con esto, el Presidente de la República se aseguraría de que los miembros de este organismo sean designados por una Resolución de la Asamblea Nacional y NO elegidos democráticamente por voto universal directo y secreto como ocurre en la actualidad.