Inseguridad ciudadana

De lejos, el problema que más preocupa a la población del país es la inseguridad. La zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón es la que mayor número de homicidios, asaltos, robos, muertes por sicariato y más formas de violencia registra. La provincia de Esmeraldas ha presentado, en los últimos días, un índice de violencia criminal tan avezado que un candidato a la Alcaldía de Esmeraldas fue víctima de un atentado con destrozos en su vehículo y en su vivienda. La otra hora apacible Cuenca es sacudida a diario con noticias de asaltos y robos en plena luz del día. La capital del Ecuador, Quito, ha dejado en el pasado aquella expresión de la franciscana ciudad tranquila y hermosa. Lo anterior da cuenta de un ambiente de tal inseguridad que el ciudadano común y corriente al salir a la calle siente que le acompaña un miedo tan espeso que el menor movimiento en su recorrido produce alarma al no saber en qué esquina, parque, calle, café o negocio puede ser víctima de un sorpresivo ataque a fin de que entregue el celular y aquello de valor que cargue. No son seguros ni el transporte público ni los lugares de comida, tampoco las entidades financieras y centros comerciales. En varias zonas de vivienda en la ciudad de Guayaquil ni las casas de habitación son lugares seguros dado que, el momento menos pensado, puede ser asaltado por pandillas armadas.

Con menos escándalo colectivo pero con similar inseguridad se vivía a mediados de la década del 90 del siglo pasado cuando el Coronel de Policía Mario Segovia, en 1995-96 planteó y puso en funcionamiento las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que junto a la comunidad trabajaron por la seguridad ciudadana, colocando en cada barrio, sector o zona habitada a un contingente de policías que operaban las 24 horas del día con turnos programados. La población en el caso de Quito colaboró con entusiasmo para dotar de patrulleros a la Policía y facilitar su trabajo en todos los barrios de la ciudad, se organizó un teletón que recaudó varios millones de sucres los cuales se convirtieron en patrulleros al servicio de los vecinos. La Policía amiga de la población, en el barrio, conocía a los tenderos y peluqueros, comerciantes y dueños de casa y estaba en condiciones de prestar auxilio el momento que sea requerida. Fue un modelo que iniciado en Quito pronto se extendió a las demás ciudades y con tan buenos resultados que posteriormente el Gobierno del Presidente Rafael Correa lo acogió y potenció con la construcción de modernas instalaciones y dotación del adecuado equipamiento que se construyeron UPC en todas las ciudades del país y funcionaron adecuadamente con vehículos y motos entregados por el Estado.

El primer paso a dar en la lucha contra la inseguridad es que vuelvan a funcionar las UPC en todas y cada una de las zonas ubicadas y asignadas con la dotación del correspondiente personal policial a fin de prestar servicio las 24 horas del día, con el compromiso de no moverlos de ahí en un lapso razonable de tiempo como dos años a fin de que, conociendo el terreno y sabiendo actuar, puedan brindar la seguridad que la ciudadanía requiere. Esta sería una medida tan eficaz que los índices de criminalidad e inseguridad bajarían en breve tiempo. Sin embargo tan razonable y sencilla medida se encuentra con el gran obstáculo de las consideraciones políticas, que más que políticas son politiqueras, al negarse el Ministro de turno y los mandos superiores de Policía a tomar esta medida en bien de la población. Las exigencias de la política improvisada y las urgencias de las demandas circunstanciales les impide tomar la medida de asignar un contingente de uniformados a cada una de las ciudades, porque una emergencia como incidentes en una cárcel de algún lugar les lleva a mover al personal sin importar lo que dejen abandonado. O dar seguridad y apoyo a funcionarios gubernamentales y hasta a quienes no lo son pero gozan de amistades en los altos círculos. El caso es tan notable que, por ejemplo, para cuidar del orden en un partido de fútbol internacional en la ciudad de Guayaquil se va a concentrar a 10.000 policías que deberán abandonar sus puestos de trabajo diario para satisfacer la vanidad de los organizadores y de quienes se benefician directamente de ello.

La inseguridad ciudadana tiene muchas aristas que debe analizarse, no es el espacio para ello aquí, por ejemplo el turismo que es un renglón magnificó de ingresos para cada región, ciudad y lugar del país exige como requisito fundamental la SEGURIDAD de lo contrario es una propaganda desastrosa; apreciemos lo perjudicial que debe haber sido en el exterior la reciente noticia del naufragio de una embarcación de transporte de pasajeros en Galápagos en la que abordaron más pasajeros que la capacidad de la embarcación y sin chalecos salvavidas, con saldo de muertos y heridos, recordemos que la mayoría de pasajeros eran extranjeros. Es una demostración tan patética de la incapacidad gubernamental de manejar con racionalidad las actividades en la joya de la corona -en materia de turismo- como es Galápagos.

Otro aspecto a considerar en el tema de la inseguridad, violencia y efectos colaterales de la delincuencia es la Función Judicial, le corresponde un papel de liderazgo a la Fiscalía de la Nación sin embargo esta entidad queda debiendo al país al no saber ni poder actuar de manera adecuada y oportuna, así que el liderazgo está lejos de encarnarlo. En cuanto a los jueces y su accionar el país siente que está abandonado a su suerte al presenciar la forma tan particular de inclinarse ante los que tienen dinero y el olvido de aquellos que, en ilusoria demanda, pretenden ser atendidos en mérito del proceso.

La suerte de aquellos privados de la libertad también forma parte del tema de la seguridad y en este campo el Estado ha demostrado una incapacidad tan grande que el Ecuador ha sido visto en los medios internacionales como un ejemplo de lo que no se debe hacer. En las cárceles tenemos el aterrador panorama de que los crímenes, asaltos, extorsiones y más formas de delincuencia se planifican y deciden en los centros de privación de la libertad por parte de los capos y jefes de las mafias que operan en el país.

Un panorama tan complejo y sombrío respecto a la seguridad ciudadana requiere no solamente un estudio detenido para formular un análisis más preciso sino de manera especial una acción de los entes encargados de abordar el tema, sin embargo la propuesta de empezar regularizando y respetando la seguridad ciudadana en las UPC es un buen comienzo para ir arreglando un problema que con el paso de los años se ha ido acumulando.