El imperio de la ley

Cuando se inventó el sistema democrático en los Estados Unidos de Norteamérica, éste se fundamentó en normas jurídicas denominadas Constitución que vieron la luz del día en 1787, a un año de haberse proclamado la independencia de Inglaterra. La primera Constitución consta de 7 artículos que establecen las reglas del pacto social al que se someten los ciudadanos, con el paso del tiempo ha recibido 27 agregados o enmiendas y todo este conjunto de reglas de convivencia social ha perdurado más de 230 años. Miles de estudiosos han admirado la pervivencia de esta constitución y su cumplimiento devoto por parte de los habitantes de los diferentes estados que forman Estados Unidos y se han preguntado, múltiples veces, cómo es posible que estas leyes logren tener vigencia hasta nuestros días. La explicación de este fenómeno inusual para nuestras naciones es el imperio de la ley.

La conciencia individual y colectiva de que la ley está por encima de todo y de todos es fundamental para la adecuada convivencia humana. Que todos sepan las reglas de juego y las respeten permite el progreso de la colectividad. Los habitantes llegan a acuerdos que permiten una adecuada, respetuosa y tolerante vida común, esos acuerdos se transforman en leyes que son normas escritas de obligatorio cumplimiento mediante la expedición de un órgano representativo de la colectividad e investido de autoridad suficiente para elaborar la disposición. Con base en este proceso de elaboración la norma legal se supone rige intemporalmente, es decir, con vigencia indefinida en el tiempo.

El hecho de que una colectividad, grande o pequeña, se rija por un conjunto de normas que lo regulen y permitan su adecuado funcionamiento parece ser un racional recurso de los seres humanos y que así debería funcionar desde el núcleo básico de la sociedad como es la familia hasta la compleja red de relaciones humanas como el Estado. Sin embargo la realidad cuotidiana no responde a esta apreciación lógica. Funcionan adecuadamente sociedades que han estructurado instituciones que operan y facilitan la gestión de individuos y colectivos, no es la misma realidad en el caso de conglemerados en las cuales la cultura de sujeción a las normas es débil o no existe. Lo anterior se evidencia cuando miramos la historia de nuestras naciones, los países desarrollados tienen a su haber instituciones fuertemente enraizadas en usos y costumbres que datan de varios siglos, son los casos de Inglaterra y Estados Unidos; la situación de los países de América Latina es la otra cara de la moneda, poca institucionalidad, poco respeto a la normativa y un manejo que responde a las circunstancias variantes del momento.

En el caso de nuestro país, la historia nos muestra que hemos tenido más de 20 Constituciones y por lo dicho en esta inesperada campaña electoral algunos candidatos ofrecen convocar a una Asamblea Constituyente para expedir una nueva Constitución que reemplace a la vigente aprobada por el pueblo el año 2008 y que quienes la mentalizaron dijeron que su vigencia sería de 300 años. El que seamos prolíficos en producir constituciones no habla bien de nuestra sociedad, al contrario, es una manifestación irrefutable de que la institucionalidad no ha enraizado en nuestra cultura, tanto es así que la frondosidad de leyes, reglamentos, disposiciones de menor jerarquía son tan abundantes y de corta duración que resulta casi imposible moverse en semejante jungla de normas jurídicas lo cual obliga recurrir a abogados y expertos en cada una de las áreas que se trate de abordar. Esta informalidad y novelería normativa no es más que un síntoma de que no está en nuestra cultura, en nuestro ADN el respeto a la ley, que en nuestra sociedad no aceptamos que nadie está por encima de la ley.

Volvamos a los ejemplos y observemos como en Estados Unidos si funciona el sistema porque tiene una institucionalidad tan arraigada que nadie está por encima de la ley. En recientes noticias hemos visto como el ex Presidente de esa nación Donald Trump ha sido acusado de 37 cargos federales en un juzgado de Florida por la ocultación y manipulación indebida de documentos reservados que los tenía cuando ejerció la Presidencia, también el Sr. Trump enfrenta 34 cargos en otro juzgado en la ciudad de Nueva York y está en proceso otros cargos en el Estado de Georgia por intento de interferencia en el proceso de conteo de votos cuando perdió las elecciones en 2020. Esta es la más evidente demostración de que en esa sociedad nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ex Presidente que cuenta con una amplia base de seguidores los cuales suman millones de personas que le siguen y creen en su palabra aunque de costumbre diga mentiras.

En contraste con lo anterior tenemos que en nuestro país el actual Presidente Guillermo Lasso burló la ley que prohíbe a un candidato a cualquier cargo de elección popular tener dinero en los llamados paraísos fiscales, ley aprobada mediante consulta popular en 2017, la manera de burlar fue transferir la titularidad de esos fondos a  sus parientes más cercanos como esposa e hijos; el mismo señor Lasso, a poco de iniciar su gestión como Presidente estuvo acusado por una investigación de más de 500 periodistas de varios países del mundo en un documento denominado Pandora Papers de tener millones de dólares precisamente en paraísos fiscales, ante lo cual Lasso simplemente negó y no pasó nada.

En este inédito proceso electoral al que nos vemos avocados gracias a la llamada muerte cruzada que el Presidente Lasso puso en marcha, se ha iniciado la campaña para elegir Presidente de la República al mismo tiempo que asambleístas tanto nacionales como provinciales y de los ecuatorianos en el exterior.  En estas circunstancias vuelve a mostrarse como el imperio de la ley está lejos de nuestra cultura, el candidato presidencial Xavier Hervas ha sido acusado por el movimiento Revolución Ciudadana de tener dinero en paraísos fiscales lo cual le inhabilitaría para ser candidato, el aludido aparentemente ha usado el mismo truco de Lasso y de esta manera elude el cumplimiento de la norma. Otro caso es del General de Policía en servicio pasivo Patricio Carrillo quien fue sancionado por la Asamblea Nacional con su destitución cuando se desempeñaba como Ministro del Interior de Lasso, la sanción acarrea la imposibilidad de ocupar un cargo público por 2 años, sin embargo de lo anterior ha sido propuesto para encabezar la lista de Asambleístas Nacionales en la lista del candidato Fernando Villavicencio, fue impugnado también por la Revolución Ciudadana y no ha sido descalificado por el Consejo Nacional Electoral argumentando que este no es un impedimento para ser candidato, lo cual en el fondo es una burla al electorado puesto que de salir electo no podrá posesionarse del cargo por el impedimento que pesa sobre él. En este juego de eludir la norma también aparece la Revolución Ciudadana que en el puesto noveno de asambleísta nacional en calidad de suplente consta el Sr. Pablo Romero sentenciado en un caso que fue mediático en su momento.

Este desprecio de nuestra sociedad por la institucionalidad y las normas se pone de manifiesto de manera más clamorosa en las candidaturas presidenciales, en efecto de ocho aspirantes solamente uno, una sería más exacto porque se trata de una mujer, proviene de las filas de una organización política que es la Revolución Ciudadana en tanto los otros siete son ciudadanos que se les ocurrió aspirar a la máxima magistratura del país y luego buscaron la organización política que los auspicie. Esta es la muestra de que las leyes son para el de poncho, que se puede saltar cualquier disposición o norma, que el dinero vence todas las restricciones que se pretenda imponer, que los intereses personales están por encima de los colectivos.

 En  conversaciones familiares y amigos, en círculos sociales e intelectuales, en los foros académicos, en los medios de comunicación tradicionales y alternativos y en cuanta ocasión sea nos quejamos de la burocracia, la tramitología, los palanqueos, las frustraciones y carencias, lo complicado de una sociedad que no responde a las expectativas de sus habitantes y tantas y tantas quejas sin reparar que una de las explicaciones más importantes y evidentes es que en nuestra nación lo que menos existe es el imperio de la ley.