La justicia en el banquillo

Estamos atravesando un periodo de sorpresa e indignación respecto a la justicia, no a aquella que se refiere a la guía ética de un conglomerado sino a la función del Estado encargada de la aplicación de la ley, la que sanciona los incumplimientos de la misma con las penas establecidas en los códigos correspondientes. Fiscales que sobrepasan sus funciones a fin de favorecer a determinados poderosos intereses, jueces que dictan medidas que afectan a las personas privadas de la libertad acorde a la influencia de los procesados, jueces que abusando de su papel pretenden dar lecciones de derecho a los mismísimos legisladores, funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana encargados de tramitar el nombramiento del Presidente del Consejo de la Judicatura y escamotean esa designación por varias ocasiones, no una o dos sino cuatro. La incertidumbre reina mientras la confianza ciudadana en la administración de justicia está en los niveles más bajos.

En este ambiente, a comienzos del año 2023, la radio Hoja de Ruta desarrolló, de manera oportuna y certera, el viernes 13 de Enero el programa a cargo de la logia masónica Manuela Sáenz bajo el título de “La Justicia herramienta de persecución a personas que incomodan al poder” y lo hizo abordando un tema concreto: la persecución a un grupo de jóvenes guevaristas apresados en el mes de mayo del 2022. Quienes tuvieron a cargo la exposición del tema en un adecuado conversatorio fueron los profesionales Dr. Patricio Almeida abogado de los encarcelados, Dra. Rosa Bolaños experta en temas de Derechos Humanos y el Dr. Diego Guarderas especialista en justicia indígena; los tres profesionales están comprometidos en la defensa de los jóvenes antes mencionados. El programa se desarrolló bajo la coordinación del moderador Francisco Erazo, miembro de la logia responsable de poner a consideración de la audiencia, los viernes a las 8 p.m., el programa que tiene el nombre de “Construyendo la verdad”.

Se relataron hechos y circunstancias que demuestran como la administración de justicia abusa de los pobres y es complaciente con los poderosos al punto de que la Dra. Bolaños calificó a este proceder como “populismo penal”. El Dr. Patricio Almeida indicó que los detenidos: Carlos Carguachi y Silverio Cocha que son indígenas de la población de Guamote en la Provincia de Chimborazo, han desarrollado actividades de liderazgo en su comunidad y, en el proceso, los jueces mestizos les negaron el acceso a la justicia indígena que supuestamente es una garantía para los integrantes de pueblos indígenas. Indicó el defensor que son nueve las personas detenidas bajo la acusación de cometer el delito de “trata de personas” que es doblemente grave porque a los luchadores sociales se les pretende inculpar un acto horroroso y repudiable puesto que se compara con el comercio sexual transnacional o con traficantes de drogas, el tratamiento de esta sola acusación ya predispone a los operadores de justicia para ser sumamente severos con los acusados; el segundo estigma en este caso son las dificultades y penalidades que deben soportar los familiares de los detenidos y la propia comunidad afectada por la persecución a uno de los suyos. La forma como fueron detenidos también ilustra lo abusivo del sistema, relató el Dr. Almeida como al irrumpir la policía en la vivienda de la acusada Nelly Yacelga se burlaron de una hija epiléptica que miraba horrorizada la acción policial contra su madre, ella les dijo que su hija padecía este mal y los gendarmes entre risas y burlas patearon a la niña, mientras tenía un ataque, aduciendo que se hacía la enferma; lo maltrataron varias veces y luego del registro no encontraron nada ni de material subversivo ni algo que tuviera que ver con tráfico de drogas.

La imputación a los integrantes del grupo guevarista es tan fantasiosa que se les acusa de reclutar personas para supuestos actos guerrilleros a los cuales se les obliga y no, como es natural, que actúen por su propia voluntad en una causa que tendría contenidos ideológicos. Se menciona otro caso de abuso de la justicia tan parcializada y sorda ante los pobres, se trata del detenido Alexis Moscoso quien padece enfermedad catastrófica y cuyos pedidos de atención médica especializada han sido desoídos. Se pretendió realizar la audiencia de enjuiciamiento el 23 de Diciembre sin importarles la fecha y provocando la movilización de los parientes de los detenidos en esta fecha tan emblemática para todas las personas, no se realizó la audiencia pero ya ocasionaron los consiguientes problemas.

El programa de radio permite la posibilidad de que los oyentes puedan formular preguntas y aportes al tema que se está tratando, en esta dinámica fueron varias las preguntas y observaciones de las cuales vale la pena mencionar a la oyente Jessy Tipán quien  emitió un comentario contra la jueza Ana Guerrón  acusándola de emitir fallos racistas.

El defensor Dr. Patricio Almeida mencionó otro ejemplo de trato discriminatorio a los encausados guevaristas, la jueza Altamirano ha dispuesto que a fin de evacuar ciertas diligencias que deben practicarse se pague a los peritos encargados de las mismas una suma cercana a los 8.000 dólares con cargo a la comunidad indígena San Juan de Tipín, lo cual implica un enorme sacrificio económico para las familias de campesinos y personas empobrecidas por el sistema capitalista. A fin de demostrar la parcialidad de la justicia en contra de los pobres los participantes expusieron varios casos que evidencian el buen trato y privilegios a los poderosos. El de Abdalá Bucarám en Guayaquil cuando fue apresado por la policía en un operativo transmitido por televisión, acusado de tráfico de medicinas durante el tiempo de la pandemia, allí no se le requisó nada, se lo detuvo por poco tiempo, no lo esposaron al detenido ni se le trató de mala manera, al contrario fue con todas las consideraciones. Este caso y otros más recientes de acusados por narcotráfico, por negocios sucios con el Estado en los cuales se constata un trato de privilegio con todas las consideraciones y comodidades en sus sitios de reclusión. Se hizo alusión al último escándalo que involucra nada menos que al Presidente de la República con el caso de su cuñado Danilo Carrera que sería supuestamente el jefe de una mafia que maneja los contratos en las eléctricas, telecomunicaciones y petróleo: en este caso no hay orden de prisión a nadie, no se requisa computadoras, no se allana domicilios ni re rebusca nada, es más, los principales acusados ya están fuera del país.

Terminaron los participantes manifestando su oposición a la consulta popular propuesta por el Presidente Guillermo Lasso como manifestación de oposición a una iniciativa que no resuelve nada y que pretende hacer creer que el gobierno tiene apoyo.